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La ONU advirtió al Estado argentino sobre femicidios y violencia contra privadas de libertad

“El Comité contra la Tortura de la ONU hizo un llamado de atención frente ‘al alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas’.
En sus recomendaciones al Estado argentino, el Comité pidió “investigar en profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con penas apropiadas y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales”.
“La preocupación por el aumento de los feminicidios y hechos de violencia contra las mujeres, fueron las líneas centrales de la advertencia que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado argentino.
Manifestó su “preocupación” frente al proyecto de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución Penal que “limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados y condenadas”.
El Comité también subrayó “el alto número de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva
“Estamos muy contentos porque centralmente lo que hace el Comité contra la Tortura es enmarcar la violencia contra las mujeres en la categoría de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, y “esto genera un impacto muy interesante en términos de exigencia de políticas públicas al Estado argentino y a los Estados provinciales”, afirmó Malacalza 
El Comité contra la Tortura recomendó igualmente al Estado argentino que emita “instrucciones claras a las fuerzas de seguridad” y que adopte “políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial”. En ese sentido, le pidió al Gobierno el “pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género”.
En efecto, el Comité “puso especial énfasis en las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la pcia de Buenos Aires”.
Respecto de la salud de las mujeres encarceladas, el Comité señaló que “el Estado argentino debe garantizar que los servicios médicos penitenciarios estén vinculados al Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial y no al Ministerio de Justicia, como sucede actualmente”.
El Comité contra la Tortura también “rechazó la discriminación y malos tratos que reciben las personas migrantes de otros países latinoamericanos por parte de las fuerzas de seguridad” en nuestro país.
Argentina adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 2, inciso 1, precisa: “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.

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