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Morteros, Córdoba, Argentina /

Morteros: Tercerización de cobro de impuestos y manejo de fondos Si piden a la justicia que investigue pediran que se explique sobre la recaudacion impositiva en el anterior administración municipal

El Departamento Ejecutivo municipal sostiene que si UPC realiza una presentación en la fiscalía en relación a la contratación de la empresa Cemale SRL, ellos van a pedir la profundización de las investigaciones en relación a contratos realizados en periodos anteriores y van a pedir que se explique lo ocurrido con la recaudación impositiva, mientras que en relación al manejo de fondos al concluir la emergencia mantuvieron silencio.
A partir de que Regionalísimo hizo público que Unión por Córdoba podría realizar una presentación para que la justicia investigue si la tercerización de la procuración de impuestos y tasas se concretó respetando los procedimientos establecidos en la legislación vigente y si los mecanismos utilizados en el manejo de fondos al concluir la emergencia económica no constituye una malversación de fondos, el Dr. Alberto Arrieta responsable del área legal del municipio, se refirió al tema a través de Radio Centro Morteros.
A lo largo de la entrevista siempre hicieron referencia a uno de los temas que es la contratación a la empresa Cemale SRL, mientras que en relación al otro tema que es la posibilidad que se investigue si existió malversación de fondos en relación al manejo una vez concluida la emergencia económica y financiera, Arrieta no hizo referencia como así tampoco los dos encargados de realizar la entrevista nada le preguntaron al respecto.

Copiaron el procedimiento
El Dr. Alberto Arrieta comenzó manifestando que van a responder a los pedidos de informes presentados por la bancada de UPC en el Concejo Deliberante como corresponde y al mismo tiempo sostuvo que cuando ellos eran gobierno nunca respondieron a los informes solicitados por el radicalismo.
«La empresa Cemale está representada por el Cr. Juan Carlos Sola que fue durante 8 años el Secretario de Economía de Martin Llaryola. Los antecedentes que se tomaron fueron más que nada, por el conocimiento que tiene de la actividad municipal por haber sido uno de los responsables del reordenamiento financiero del municipio de San Francisco. Los concejales accedieron al contrato que fue ratificado por ordenanza del Concejo Deliberante», aseguro Arrieta.
Prosiguió explicando que «fue una contratación directa porque es una contratación profesional, me parece que el cuestionamiento a este sistema de contratación, es un problema de memoria que debe tener el legislador (Germán) Pratto, probablemente agobiado por las actividades del desarrollo del departamento, que no se acuerda que firmo tres contratos iguales, en las mismas condiciones, con las mismas características con la firma Langer y Acrich, empresa que ellos contrataron para hacer lo mismo que no nosotros contratamos a la empresa Cemale, con la diferencia que ellos les pagaban el 21 % de lo que se tuviera como éxito y el 17,5 % de la gestión más un fijo de 1250 pesos y esta contratación solo le paga el 12 % de lo que tenga de éxito y el 12 % de lo que se recauda con posterioridad, con la diferencia que nosotros somos los que nos encargamos de la gestión de cobranza a través de nuestro propio procurador y otra diferencia que es sustancial, la firma Acrich fueron los autores ideológicos que junto con el municipio instauraron el impuesto a las valijas que hace mucho tiempo nos está preocupando y nos está llevando de un lado para el otro».
«Si quieren hacer la denuncia penal a nosotros nos parece correcto, pero nosotros vamos a pedir la profundización de la investigación para que investigue estos contratos que firmo (Germán) Pratto en dos oportunidades y el Lic. (Horacio) Pastore en una tercera oportunidad, también con ordenanzas ratificatorias del mismo modo que lo contrato esta gestión. De modo que si está mal esto, va a estar mal de ellos y además van a tener que explicar algunas cosas que ocurrieron en ese momento con la recaudación impositiva», subrayó.

Mejorar la cobranza
«El objetivo es re diagramar el sistema tributario del municipio, ya que venía con un atraso de casi cuarenta millones de pesos que no se cobraban, de los cuales más de la mitad eran incobrables y seguía devengando como activo, lo que es falso porque es plata nunca se iba a poder cobrar, había deudas prescriptas, deudas mal configuradas, mal emitidas, deudas que habían sido rechazadas judicialmente, entonces había que descartarlo y de lo que había efectivamente para cobrar, lo que se hizo fue una gestión para mejorar el sistema en el sentido de ver si lo que paga cada contribuyente corresponde pagar o no, que es una cuestión de estricta justicia».

Cuestionamiento por reacción
Por otra parte Arrieta considero que «Esto o se contextualiza en un año electoral o es una reacción por las presentaciones judiciales que hicimos como consecuencia de algunas actuaciones que se cuestionaron anteriormente, me parece que no es el sistema. Nosotros le vamos a responder, tenemos la tranquilidad que en esto hay un respaldo legal suficiente y si esto fuera legalmente cuestionable, todo lo demás que ellos hicieron también seria cuestionable y lo que hicimos fue mejorar el sistema que traía la administración anterior».
«El cuestionamiento que presenta (Germán) Pratto a través del pedido de informe que tampoco partió de los concejales, sino que fue Pratto que pidió que lo pidieran, no es el cuestionamiento que hicieron los concejales de la oposición en oportunidad del tratamiento de la ordenanza que ratifico el contrato con Cemale. En esa oportunidad el concejal Demarchi en representación de la bancada UPC lo que cuestionó fue que el porcentaje que cobraba la empresa, sea un porcentaje que no se pudiera redistribuir en un descuento a los contribuyentes de Morteros, a lo que le explicamos que era una cuestión difícil, en definitiva cuestionaba que ese dinero fuera a parar a manos de un particular y no a manos del municipio y esto es lo que genera una divergencia política entendible, pero que desde el punto de vista político es mucho mejor el 78 % de algo que el 12 % de nada».
«No se contrato a un estudio de Morteros porque la determinación es para contribuyentes de Morteros, nadie contrata a estudios que tienen contribuyentes de Morteros para que revean la situación de cada uno de los contribuyentes», dijo el asesor legal.
«Contrato en un municipio a la persona que me genera mayor confianza, no tengo que llamar a licitación para contratar a un profesional. El gobierno de Pratto contrato 10 profesionales, nunca lo hizo por licitación y está bien que así lo haya hecho, porque no puedo contratar por licitación a un profesional que requiero para contratar de manera específica».

Ineficiencia del Estado
«No conozco ningún acreedor más ineficiente que el Estado, el municipio no está en condiciones de poder mejorar sin controlar, sin determinar y después ejecutar, toda esa tarea es imposible hacer con personal propio, porque la determinación presupuestario, las características del tributo, modalidad de cobranza excede las posibilidades materiales por eso el Estado es tan ineficiente como acreedor», reconoció el Dr. Alberto Arrieta.
«La cobranza la van a hacer abogados procuradores de Morteros, no va a ser ningún otro estudio cosa que si tenían autorizada Langer y Acrich, en este caso la procuración se va a hacer con abogados de Morteros que se van a determinar por sorteo entre los que se inscriban cuando se inicie la gestión, con respecto al asesoramiento y a la forma, determinación de los tributos indudablemente podrían existir incompatibilidades que tornan más conveniente que esta tarea la desarrollen personas que no tienen relación profesional con ninguno de los contribuyentes y ninguna actividad específica».
«El éxito es por la ampliación de la capacidad tributaria, si tengo una gestión tributaria que cobra 10 pesos y con la gestión que ellos hagan se cobra 15 y lo otro es sobre la irregular determinación de alícuotas, declaraciones juradas e incluso devengamiento de deudas se incrementa la recaudación y sale el otro porcentaje. El porcentaje es sobre la diferencia en mas que se cobra y sobre el monto proporcional de lo que era el balance al momento del corte que se realizo a la fecha de la realización del contrato», concluyó.
Cabe recordar que hace aproximadamente un mes la bancada de Unión por Córdoba presentó un pedido de informe en el Concejo Deliberante para que brinde información por escrito y copia de documentación en relación a la contratación de la empresa Cemale SRL con domicilio en Buenos Aires y sobre el manejo de los fondos una vez concluida la emergencia económica y financiera dispuesta por el municipio.
Al no ser respondidos los pedidos de informes habrían manifestado que podrían pedir a la justicia se encargue de llevar adelante la recopilación de material e investigue si se cometió algún delito con la tercerización de la procuración de impuestos y tasas y si los mecanismos utilizados en el manejo de fondos al concluir la emergencia económica no constituye una malversación de fondos.

UPC podría realizar una presentación en la fiscalía para que se investigue a la administración municipal

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