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Morteros, Córdoba, Argentina /

UPC podría realizar una presentación en la fiscalía para que se investigue a la administración municipal

Podrían realizar una presentación para que la justicia investigue si la tercerización de la procuración de impuestos y tasas se concretó respetando los procedimientos establecidos en la legislación vigente y si los mecanismos utilizados en el manejo de fondos al concluir la emergencia económica no constituye una malversación de fondos.
La Bancada de Unión por Córdoba presentó ante el Concejo Deliberante un pedido de informes sobre ambos temas para ser elevados al Departamento Ejecutivo para que brinde información por escrito y copia de documentación, la que no habría sido respondida, por lo que según habrían manifestado podrían pedir a la justicia se encargue de llevar adelante la recopilación de material e investigue si se cometió algún delito 
Podrían realizar una presentación ante la justica para pedir que se investigue si la tercerización de la procuración de impuestos y tasas se concretó respetando los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
Le podrían pedir a la fiscalía que lleve adelante una investigación a los fines de determinar si la tercerización de la cobranza de impuestos y tasas a favor de Cemale SRL, no viola los términos de la legislación, sobre todo al haberse realizado de manera directa la incorporación de la referida empresa.
El municipio contrato a la firma Cemale SRL con domicilio en Buenos Aires para eficientizar el sistema municipal tributario y a través de un decreto por sugerencia del Secretario de Economía y Finanzas, Cr. Marcelo Brandolini , faculta al Cr. Juan Carlos Sola, apoderado de Cemale S.R.L., para que en nombre del municipio practique y ejecute las medidas como organismo fiscal labrando y firmando las actas de acuerdo a los establecido en el Código Tributario Municipal
Unión por Córdoba pidió a través del Concejo Deliberante se informe si la «contratación a la empresa Cemale SRL, tercerizando de esta forma la procuración de impuestos y tasas, las relaciones jurídicas existentes que vinculan al municipio con la empresa con domicilio en Buenos Aires, pero cuyo apoderado se radicaría en San Francisco y solicitan conocer el mecanismo de contratación que el municipio adoptó para contratar a la empresa
Por otra parte quieren que se especifique la recaudación en ejercicio anterior y actual de las últimas cuatro ejecuciones presupuestarias de las tasas municipales que incide sobre los inmuebles, sobre los automotores, acoplados y similares y sobre actividad comercial, industrial y de servicios, como así también piden adjunten la rendición de cuentas de ingresos de los últimos 4 ejercicios al 21 de diciembre.
Otro de los pedidos que formulan el detalle de las liquidaciones efectuadas desde la firma del contrato con la empresa Cemale SRL y detalle los pagos realizados por el municipio a favor de la empresa, además de especificar el método de cálculo, numero de cheques y periodo de recaudación al que corresponden
La bancada opositora al fundamentar el pedido de informe señala que el municipio no respetó los procedimientos establecidos por ley, toda vez que el monto involucrado en el negocio jurídico supera los permitidos para la contratación de manera directa.
Así mismo considera que existen métodos previstos para la contratación pública, cuyo objetivo es la transparencia y eficiencia en la administración de recursos públicos, por lo que podrían realizar una presentación ante la fiscalía a los fines de que determine si fue el mecanismo conveniente y necesario para al contratación como así también si los montos erogados no generan un perjuicio para el erario público, ya que no estarían cobrando solo por el beneficio que generan al municipio, sino que si la cobranza fracasa podría estar generando un perjucio.

Manejo de fondos
Pedirían a la fiscalía de instrucción investigue si los mecanismos utilizados durante la emergencia son los establecidos en la ordenanza que se declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio declarada en diciembre de 2015, como así también si el estado de las partidas volvieron a su estado.
En definitiva podrían pedir a la justicia que se investigue si existió malversación de fondos al concluir la emergencia económica, financiera y administrativa el 13 de diciembre de 2016, ya que entienden que no existe instrumento legal que autorice la utilización de esos fondos.
La referida ordenanza autoriza a «utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines, para permitir la disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la emergencia». 
«La declaración de emergencia implica un mecanismo que elimina los filtros para el gasto del erario público, motivo por el cual dicha potestad debe mantenerse dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que, supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Asimismo la principal característica de la declaración de emergencia es su limitación en el tiempo, vencidos los plazos establecidos por ley o superada la emergencia las partidas presupuestarias de afectación especifica deberán ser repuestas como se encontraban antes de la declaración» expresan en la fundamentación presentada ante el cuerpo legislativo. 
En el referido pedido de informe la bancada de Unión por Córdoba solicita que de manera fehaciente y por escrito den cuenta de la utilización de partidas presupuestarias durante la vigencia de la Ordenanza, solicitando de manera concreta y con copia de los instrumentos que autorizaron la utilización de esos fondos.
Así mismo piden que informen la fecha de toma de cada uno de los fondos utilizados y fecha que se devolvieron los fondos utilizados.
Arqueo de caja y balance desagregado al máximo nivel, detalle por cuenta bancaria y por monto de cada uno de los fondos de afectación específica a la fecha de vencimiento de la emergencia y detalle los cheques de pago diferido emitidos por el municipio a la fecha de vencimiento de la declaración de emergencia.

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