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Morteros, Córdoba, Argentina /

Facturas truchas: Detectaron en el país un fraude de unos 2.500 millones

Más de 30 allanamientos y 5 detenidos realizaron en la zona de Rosario por fraude de más de $2.500 millones con facturas adquiridas por más de 6.500 empresas y comercios de nuestro país.
Efectivos de la fuerza federal irrumpieron en varios domicilios de Rosario y de distintas localidades de la región. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Carlos Vera Barros por la presunta venta de facturas falsas.
Tras una investigación que hace meses desarrollan desde el Juzgado Federal N° 3 de Rosario se desbarató una organización que se dedicaba a la falsificación de comprobantes de compras y gastos, los que fueron adquiridos por más de 6.500 empresas y comercios de nuestro país.

Luego de un exhaustivo análisis y tareas de investigación, el juez Carlos Vera Barros dispuso la detención de los cabecillas de una organización que defraudó al Estado Nacional por más de 2.500 millones de pesos en impuestos si computamos sólo el capital.

Participaron del allanamiento fuerzas de seguridad nacionales y más de 150 funcionarios de AFIP, quienes procedieron al secuestro de documentación y material informático relevante para la causa.

Además, se detuvo a cinco personas indicadas en la Orden Judicial como los presuntos cabecillas de la organización. Se dispuso la prohibición de ausentarse del país a otras 20 personas de las más de 80 que conforman la asociación ilícita.

Los detenidos se dedicaban a “armar” empresas, las que luego de inscribir en AFIP, eran utilizadas sólo para emitir “facturas truchas”, procedimiento hoy identificable rápidamente a través de la utilización de herramientas de control que AFIP diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas. Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.

Según informaron fuentes oficiales, la orden fue dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3 a cargo del juez Carlos Vera Barros, que además dispuso la inhibición de los bienes de todas las personas involucradas.

La defraudación fiscal asciende a 2.500 millones de pesos, sólo de capital de impuestos, a lo que habría que sumarle los intereses y multas.

Las maniobras de fraude al fisco fueron realizadas a través de empresas que registraban en Afip bajo 72 Cuits distintos y con distintas modalidades, entre las cuales se pueden mencionar facturas en papel, electrónicas, tickets, controladores fiscales o por impresora fiscal.

La asociación estaría conformada por escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores. Alrededor de más de 6500 comercios y empresas del país compraron estas facturas apócrifas.
Fuente: Conclusión

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