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Morteros, Córdoba, Argentina /

Juicio de los Magistrados: “La inacción y la omisión sistemática quedó documentada en los expedientes”

Por Katy García
A días del inicio de la causa que involucra a funcionarios judiciales con crímenes de lesa humanidad, el fiscal Carlos Gonella afirmó que “hay abundante prueba documental” donde paradójicamente las huellas de la inacción están presentes. Destacó que para la sociedad este proceso es importante porque mostrará el terrorismo de estado en toda su dimensión. A la vez, dijo, que para las víctimas será una instancia reparadora. También se refirió al evidente retroceso en las políticas de derechos humanos. 
Por primera vez en Córdoba, funcionarios de la Justicia Federal imputados por abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario público y encubrimiento de delitos de lesa humanidad, durante la dictadura cívico militar, serán juzgados desde el próximo 25 de julio en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Al otro día, en Mendoza, el llamado “Juicio de los Jueces” los ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, acusados de crímenes de lesa humanidad y con pedido de prisión perpetua estarían recibiendo sentencia. (1)
Los acusados son Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (el ex defensor oficial). Fueron apartados el fiscal Alí Fuad Alí y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina por razones de salud. El exjuez Adolfo Zamboni Ledesma, uno de los principales acusados por los testigos fue beneficiado por el punto final biológico en 1984.
El llamado “juicio de los magistrados” es un desprendimiento de la causa Videla realizado en 2010. Durante aquel debate quedaron al descubierto el rol del poder judicial y de la Iglesia en los asesinatos de una treintena de presos políticos asesinados entre abril y octubre de 1976. Ahora, que los nuevos viejos vientos de cambio, se empeñan en re nombrar al horror como “dictadura militar” a secas, un hecho histórico sin precedentes asoma. El Tribunal actuante estará integrado por Julián Falcucci (Presidente); José Camilo Quiroga Uriburu ( Subrogante) y Jorge Sebastián Gallino (Subrogante). En representación del Ministerio Público Fiscal acusará Carlos Gonella por 75 víctimas y Facundo Trotta.
En diálogo con Prensared el fiscal repasó el proceso y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1992, afirmó que “la dictadura cívico militar contó con la complicidad del poder judicial” y lo personalizó en Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y su secretario luego juez de cámara, Carlos Otero Álvarez . 

- Un puñado de funcionarios judiciales llegan a juicio tras años de dilaciones y apartamientos. Incluso, hubo problemas para conformar el Tribunal. ¿Cómo lo analiza?
-Es un proceso que tiene la particularidad de juzgar por primera vez a un sector civil con alta representatividad institucional porque se trata de ex magistrados y funcionarios de la justicia federal que cumplían funciones durante el terrorismo de estado en distintos cargos: jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgados. Este juicio tiene la particularidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 74 90 del año 1992 dijo expresamente que la dictadura cívico militar contó con la complicidad del poder judicial de la provincia de Córdoba y dio los nombres del exjuez federal Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y el ex secretario federal a la postre juez de Cámara del TOF N°1 Carlos Otero Álvarez.
Fue un proceso muy largo y otra de las particularidades ha sido el apartamiento de todos los jueces y fiscales. Por eso, tuvo que ser instruido por el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Y como fiscal de instrucción intervine yo porque no había ninguno que lo hiciera. No fue simple. 

-¿Qué se juzga en este juicio?
-Se juzga la conducta de estos ex magistrados y funcionarios en relación a las causas que ellos instruían por infracción a la denominada Ley Antisubversiva (Ley 20840) por la cual estaban imputados, con causa judicial, perseguidos políticos con diferentes perfiles. Desde ex integrantes de organizaciones guerrilleras revolucionarias, hasta estudiantes, militantes sociales, estudiantes secundarios, sindicalistas, catequistas como Marta Juana González de Baronetto, y distintas personas a las que se los consideraba subversivos y por eso se los perseguía legal e ilegalmente. Digo “legal” porque la mayoría de estas personas tenían causas judiciales en su contra y estaban a disposición de estos jueces y fiscales. Pero fueron torturadas en la temible D2.

Y fueron víctimas de una serie de delitos atroces. No solo la privación ilegal de la libertad sino también tormentos y hasta homicidios que estaban en conocimiento de los acusados y que no hicieron absolutamente nada. Y como fue un obrar sistemático y prolongado en el tiempo, la fiscalía considera que la conducta de estos acusados además de violar delitos funcionales es decir delitos que implican incumplimiento de deberes a su cargo también actuaron con complicidad con los ejecutores materiales de los hechos es decir con los integrantes de las fuerzas armadas, militares y de seguridad. Se los acusa de diferentes delitos y dos de los acusados Alí Fuad Alí y Luis Eduardo Molina fueron apartados porque no están en condiciones físicas, mentales y psicológicas de hacerlo. 

-¿Además de las víctimas de la causa Videla que estaban a disposición del PEN y de la Justicia Federal se agregaron nuevas?

-Las víctimas de este proceso fueron en su mayoría las de la Unidad Penitenciaria 1 pero se agregaron otras. Porque no solo se juzga la conducta de los ex magistrados en relación a lo que no investigaron sobre las víctimas que fueron finalmente asesinadas por aplicación de la Ley de fuga, sino que hay otras, incluso varios sobrevivientes y que van a declarar como testigos. De manera tal que la prueba testimonial es abundante y sobre todo, la documental porque conductas como la inacción y la omisión sistemática de no actuar quedó documentada en los expedientes que componen la causa.

- ¿Qué significa para la sociedad y para las familias esta instancia que comienza el próximo 25 de julio?
Para la sociedad es muy importante desde mi perspectiva. Esto nos muestra el terrorismo de estado en toda su dimensión. Han sido juzgados los ejecutores pero no había ocurrido con la parte civil. El empresariado y el poder judicial. En Córdoba quedó trunca la parte empresarial por el contexto actual. Si se decidiera hay mucho para investigar en ese aspecto. Para las víctimas, sin dudas, tendrá un aspecto reparador importante. Para los colectivos de familiares de detenidos por razones políticas y otros organismos de derechos humanos que confiaron en que iban a ser juzgados con la ley en la mano y resultó exactamente lo contrario. Porque estar blanqueados significaba un puente hacia la vida. Estar a disposición de esos jueces les daba cierta seguridad pero en realidad esas expectativas fueron absolutamente defraudadas.

-¿Cómo analiza los cambios operados en relación a las políticas de estado en materia de derechos humanos? Por caso, demoras en la continuidad de los juicios, fallos como el 2×1? 
Es indudable que estamos en un contexto de claro retroceso, en materia de políticas públicas de derechos humanos, marcado por hechos objetivos. No solo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Muiña que aplicó el beneficio del 2 x1 en contra de lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales. Sino que desde un primer momento funcionarios de primera línea del gobierno actual han tenido actitudes negacionistas. También se desarticularon equipos de trabajo que tienen que ver con la comunicación y trabajos documentales, se redujo el presupuesto en organismos estatales y eso tiene como consecuencia que disminuya la actividad. Porque el gobierno tiene otras prioridades sobre todo en materia económica cuyos resultados están a la vista. Hay políticas económicas que golpean a los más pobres y benefician a los ricos. Claramente el contexto es adverso.
Nota
1- Otros procesos que involucran a funcionarios judiciales se desarrollan en otras provincias como Salta, donde será juzgado el ex juez Ricardo Lona. En Tucumán, Manlio Martínez, fue condenado a 16 años de prisión; en Santa Fe, Víctor Brusa recibió 21 años por su participación en desapariciones forzadas. En Chaco, Roberto Mazoni y Luis Ángel Córdoba, ex fiscal y ex juez, juzgados y destituidos.
Fuente: Prensared

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