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Morteros, Córdoba, Argentina /

Prehistoria del negocio narcopolicial

Por Carlos del Frade
(APe).- Hacia febrero de 1995 el entonces senador provincial por el departamento Caseros, Osvaldo Salomón, denunció que el estado santafesino dejaba de recaudar 700 mil pesos mensuales por el juego clandestino. La mayor recaudación por quiniela oficial fueron 40 millones de pesos durante 1994, por la provincia. Según Salomón, "existen conexiones entre el juego ilegal y el tráfico de drogas en Santa Fe".
Y hacia marzo de 1995 se volvía a informar algo que desde la vicegobernación de Antonio Vanrell, en 1988, era, por lo menos, una noticia repetida: la DEA "equipa" a la policía santafesina.
También por esos días se informaba que cien kilogramos diarios de droga circulan en la Argentina. Los diarios nacionales indicaban que el 90 por ciento de las sustancias se utiliza para el consumo.
En la provincia, como siempre, la policía maneja la calle.
Y los que manejan la calle son, por lo menos, los vigilantes de los negocios legales e ilegales.
La droga ya formaba parte de las cajas negras policiales.
Un documento que llegó a manos de un camarista penal de la Justicia provincial, Oto Crippa García, así lo indicaba.
El texto está firmado por "Oficiales de la Unidad Regional II", fechado el 3 de abril de 1995, y se encuentra en varios despachos de jueces provinciales rosarinos desde entonces.
Tiene el logo de la policía y se presenta como "Comunicado Nº 5".
Su contenido, más allá de la denuncia sobre recaudadores oficiales del dinero extralegal, explica, en cierta medida, el porqué de la falta de seguridad en el sur de Santa Fe.
"...Las circunstancias que hacen que la indisciplina, desmoralización y agobiante corrupción no tienen su origen en las bases del personal, pero si el «asalto» que se viene llevando a cabo a la seguridad de los habitantes de Rosario y zona sur de la provincia por parte de «superiores» carentes de moral y la más mínima vergüenza", sostiene un fragmento del documento.
Se afirma que "cuando en diciembre de 1991, el señor teniente coronel don Rodolfo Enrique Riegé fue designado secretario de Seguridad Pública, se consideró dueño del «botín» y, para ello, de inmediato se aprestó a poner en operaciones a los integrantes de su antiguo «equipo», pero no para darle seguridad a la población, tranquilidad y todo lo que atañe a la función policial, sino para poner en ejecución sus viejos planes de corrupción y enriquecimiento que ya había llevado a cabo cuando fue jefe de Policía de Rosario".
Sostiene el escrito que en una reunión en una quinta de Funes "todos hombres prácticos y operativos pusieron precios a las unidades regionales del sur y fundamentalmente Rosario, que era la perla más codiciada".
El fragmento agrega que "no habían tenido en cuenta que en Rosario estaba de jefe de Policía el comisario general Atilio Bléfari y a quien Riegé empezó a hostigar y ya impaciente, como no conseguía doblegarlo, antes de fin de 1991, lo cita a la ciudad de Santa Fe y en horas de la tarde, en su despacho, lo intima para que «apriete» más, es decir, que elevara los «impuestos policiales» que percibía Blefari y que le fueran entregados a él (Riegé) y en caso contrario lo relevaría y luego lo pasaría a retiro".
Sigue denunciando que "Chirino, como cariñosamente le dicen sus íntimos a Blefari, no se dejó doblegar y allí empezó la lucha para posesionarse de la Unidad Regional II, para desgracia nuestra y de toda la población, que ya en este momento por el creciente desgaste y corrupción no tiene policía, ni seguridad ni esperanzas".
El "comunicado" terminaba con un informe del "cuadro demostrativo de ingresos extralegales", en el que primeramente se detallan los códigos de los "impuestos policiales".
1, correspondiente a Leyes Especiales, «quiniela clandestina, apuestas de caballos, timbas, bingos clandestinos, maquinitas»; 2, Moralidad Pública, «narcotraficantes, drogadictos, prostitución, explotadores, proxenetas, wiskerías, discotecas, moteles»; 3, Robos y Hurtos, «piratas del asfalto, asaltantes de bancos, ladrones de autos, punguistas, contrabandistas, desarmaderos»; 4, Seguridad Pública, «médicos, parteras, clínicas, aborteras, curanderismo»; 5, Guardia Rural, «generalidades, sin especialidad»; 6, Guardia de Infantería, "generalidades, sin especialidad»; 7, Policía de Menores, «wiskerías, discotecas, bailables, moteles»".
Desde 1992 a 1995, el informe aseguraba que se recaudaron, "por izquierda", 12.300.000 pesos, a razón de 300 mil pesos mensuales en la Unidad Regional II.
La denuncia fue desestimada o, por lo menos, no siguió investigándose.
De esas cajas negras policiales surgieron las raíces del negocio narcopolicial que se exhibe con patética claridad en el juicio a Los Monos, dos décadas después.
Fuente: “Ciudad blanca, crónica negra”, libro del autor de esta nota.
Agencia Pelota de Trapo
Nota de redacción: 
Por Miguel Peiretti
Parte del negocio narco policial aquí descripto, tuvo  y tiene como zona de operaciones a la triple frontera interior, la que es utilizada para la llegada de la droga para luego ser depositadas en poblaciones santiagueñas, santafesinas y cordobeas para con posterioridad ser trasladada a las urbes para su comercialización.
En esa misma época de la decada del noventa, tras adelantar que denunciaría la complicidad policial, suicidan al primer policía en Morteros. Una decada más tarde otro policía que prestaba servicios en San Guillermo,  detenía la marcha de una carga de marihuana, para unos días después aparecer sin vida en Villa Trinidad. 
Aquella matriz que comenzó a desarrallorse a principios de los ochenta del siglo pasado, que logró fortalecer en los noventa el negocio tanto en Rosario, como en Buenos Aires y Córdoba, es la que hoy genera el silbido de balas en barrios de Morteros, Suardi, San Guillermo, San Cristóbal, Ceres entre otras poblaciones que siguen mirando hacia otro lado, mientras el negocio de los mercaderes de la muerte avanzan con absoluta impunidad.

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