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Gendarmería: entre el marketing y la represión

Por Gustavo Molina
Debutó mal el desembarco de los 300 gendarmes enviados a Córdoba por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El viernes 19 pasado, cerca de las 7 de la mañana, Paula iba en su bicicleta al Centro de Participación Comunal (CPC) de Monseñor Pablo Cabrera, en la zona norte de la Capital cordobesa, cuando fue sorprendida por un ladrón. Iba a trabajar en el área de limpieza, como todos los días, desde barrio General Bustos por calle Pimentel, cerca de la villa de emergencia El Pueblito -una zona roja del barrio Marqués de Sobremonte- cuando un delincuente le tironeó de la cartera para robársela.


La mujer opuso toda la fuerza que tuvo para defender las pocas cosas que tenía: los documentos, algo de plata y el teléfono. El ladrón tironeó de la cartera y la golpeó. Pero Paula no iba a dejar que el delincuente “se llevara mis cosas que me gano trabajando, para aspirárselas en droga”. Finalmente, el delincuente aprovechó que Paula abrazaba su cartera y le robó la bicicleta, huyendo para El Pueblito.

Asustada, a paso firme, la víctima de este arrebato buscó y encontró unos gendarmes que patrullaban la zona. Y recién veinte minutos después llegó la Policía. Ni los hombres de verde enviados por Bullrich desde el regimiento ubicado en la vecina ciudad de Jesús María; ni los agentes de azul que responden al comisario general Gustavo Vélez se animaron a hacer un operativo para recuperar la bicicleta de Paula.

La mujer llegó al CPC de Monseñor Pablo Cabrera y les contó a los empleados lo que le acababa de ocurrir. Los trabajadores propusieron juntar plata para comprarle una bicicleta a la mujer para que pudiera ir a trabajar; hasta que uno de los empleados, José Luis, le dijo que él le daría una bicicleta que tenía en desuso en su casa.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco había anunciado hace una semana -el miércoles 17- que se habían identificado 14 puntos críticos en la ciudad de Córdoba, en los que se observa un denso cruce entre inseguridad, violencia y narcotráfico. El número 2 de Bullrich le había adelantado a La Voz del Interior que los gendarmes estarán abocados a controles vehiculares, operativos en terminales de ómnibus, podrán colaborar en allanamientos e incluso en espectáculos deportivos de alta convocatoria.

Los 300 gendarmes que patrullan las calles cordobesas anunciados por la ministra Bullrich y Burzaco junto al ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Carlos Massei, en realidad son poco más de 100; ya que trabajan en dos turnos de 6 a 18 y de 18 a 6; a lo que hay que agregarles los cubrefrancos.

Un oficial que estaba a cargo de uno de los controles le dijo a Alcatraz Revista que el jueves, viernes y sábado pasados los retenes se ubicaron en los barrios Marqués de Sobremonte –donde asaltaron a Paula-, Poeta Lugones, Las Magnolias y Alto Verde “de acuerdo al mapa delictual que se elaboró en el Comando Unificado Córdoba (CUC) entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial”.

El mismo gendarme aclaró que “nosotros prestamos apoyo, seguimos los lineamientos que dicta la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), ellos son los dueños de casa”.

Incluso, el oficial destacó la buena relación entre Gendarmería y las dos fuerzas provinciales “que posibilitó la detención del narcotraficate “Tuerto Cacho”, en referencia a Raúl Alberto Cuello (47), sospechado de ser el mayor traficante de drogas de Córdoba, quién fue detenido el pasado miércoles 3 de octubre.

Entre el jueves y el sábado pudo verse gran cantidad de gendarmes patrullando en las inmediaciones del Superdomo Orfeo; los centros comerciales Dinosaurio y Libertad y barrios de clase media como Poeta Lugones, claramente lugares que no son la zona roja del delito, como sí lo es El Pueblito, donde fue asaltada Paula.

La presencia de los gendarmes movilizados en minibuses y camionetas; además de recorridas de a pie con sus armas largas y cascos parecieron más una puesta en escena marketinera al estilo que le gusta a la ministra y ex militante montonera Bullrich, que una verdadera acción contra el crimen organizado.

Justo el día que los gendarmes llegaban a la ciudad de Córdoba, la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió lanzó una metralla verbal que impactó en su compañera de Gobierno, la ministra Bullrich: “(El problema de la droga) bajó un poco porque hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente porque me parece que hay sectores de las fuerzas que la están engañando: le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue”; y les puso nombre y apellido: “Sectores de Gendarmería, de Prefectura”.

Según la diputada y fundadora de Cambiemos, “ellos (las fuerzas de seguridad) siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando”.

Lejos de solucionar los problemas de inseguridad como el sufrido por Paula en El Pueblito, los gendarmes apostados en Córdoba ejercen un control sobre la sociedad civil, como se ve en un video que se multiplicó por las redes sociales, donde una docente que circula como pasajera de la línea 22 del servicio urbano de transportes filma cómo gendarmes la requisan a ella y al resto del pasaje.


El secretario de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera defendió en El Doce el accionar de los gendarmes: “Están realizando controles vehiculares, personales y también en medios de transporte, en resguardo de la gente. Evidentemente lo que yo advierto en el video al que hace referencia que de manera respetuosa Gendarmería accede a un ómnibus, requiere la identificación, a una señorita solicita que exhiba el contenido de un bolso y así se hace”.

Para el penalista y ex fiscal General adjunto, Gustavo Núñez, “el accionar de Gendarmería pidiendo los documentos a los ciudadanos es un retroceso y una pérdida de libertades individuales”.


Núñez advirtió ante Alcatraz Revista que la llegada de los 300 gendarmes a Córdoba demuestra impericia de parte de los responsables de la Seguridad pública provincial: “Salvo que el secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, reconozca implícitamente el descontrol, la incapacidad y la insuficiencia de la Policía de Córdoba en controlar la delincuencia y el crimen organizado, la llegada del contingente de Gendarmería es reconocer un fracaso que a todas luces me parece equivocado”.

El ex fiscal General adjunto durante el gobierno de José de la Sota señaló que “Como lo establece claramente la Ley 19.349, Gendarmería está facultada para ejercer su poder de policía en zonas de frontera, en los túneles y puentes internacionales; no en las ciudades del interior como Córdoba y mucho menos requerir el DNI a los ciudadanos, desde la época de la dictadura cívico militar nos habíamos olvidado el hábito de llevar el documento con nosotros”.

La legisladora progresista Liliana Montero, que a su vez es co presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apuntó: “Es inadmisible que el Gobierno de Córdoba tolere y avale operativos de Gendarmería en colectivos urbanos, solicitando DNI o pidiendo que abran mochilas sin ninguna razón. Es absolutamente contrario a la ley. Que el ministro de Gobierno y Seguridad Carlos Massei y el secretario de Seguridad Alfonso Mosquera dejen de justificar lo injustificable”.

Precisamente la APDH emitió un comunicado de repudio firmado por Montero y Rubén Arroyo donde cuestionan: “La presencia de gendarmes en Córdoba no es para reprimir la inseguridad, sino como una forma de amedrentar a la sociedad civil para que permanezca pasiva ante el ajuste que se viene dando en los últimos años y que se profundiza con el plan económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige, entre otras medidas económicas, el achicamiento del Estado”.

Y agrega: “Con los gendarmes en las calles, Córdoba se parece más a un territorio sometido a fuerzas de ocupación que a una ciudad protegida del delito. Es imperante que el ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei brinde ante la Legislatura las explicaciones de este plan que se lleva adelante, orquestado por la Nación y la Provincia en el marco del Comando Unificado Córdoba (CUC)”.


Para el legislador de Cambiemos, el mestrista Javier Bee Sellares “que el ministro Carlos Massei le haya pedido a la Nación el envío de la Gendarmería, demuestra el fracaso absoluto de la política de seguridad que lleva adelante el Gobierno hace casi dos décadas, donde las cocinas de drogas se han multiplicado y Córdoba dejó de ser una provincia de tránsito o de paso para convertirse en una provincia de consumo y producción; sin hablar de los índices de inseguridad en base a los robos y hurtos, que son noticia diaria”.

Bee Sellares sostuvo que “la sociedad reclama más seguridad, acá hay una transversalidad del delito, lo sufre la señora que va al almacén y la asaltan motochorros; la familia de clase media con las entradoras y el trabajador en la parada de colectivos. Todo esfuerzo que implique mayor seguridad para la gente, lo vamos a acompañar”.

Mientras que los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Laura Vilches y Eduardo Salas cuestionaron los controles de Gendarmería y señalaron que “hemos solicitado un pedido de informes en la Unicameral para que el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei sea citado a la Legislatura a los efectos de dar cuenta sobre los alcances de la presencia de Gendarmería en la ciudad de Córdoba”.

Vilches denunció que “el accionar de la Gendarmería, con métodos propios de la dictadura intimida a los trabajadores y sus familias” y advirtió que “quieren restaurar los aspectos más represivos del viejo Código de Faltas, esto va de la mano también con momentos en que distintos sectores salen a luchar contra los planes de ajuste, esto va de la mano de la imputación de 28 estudiantes que se organizaron en defensa de la Educación pública y llegando al extremo de criminalizar a la abogada que los representaba”, en referencia a Leticia Celli, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEProDH) quien inexplicablemente también fue imputada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja por la toma del Pabellón Argentina.

La legisladora del PTS-FIT aclaró: “Toda intervención de las fuerzas de seguridad tiene que ser con límites y en determinadas condiciones. Tiene que haber sospecha de delito, y cuando específicamente puede haber un problema de seguridad, como en recitales o canchas. Acá se quiere naturalizar que todos somos sospechosos”.

En tanto, Salas denunció: “Es grave que un gendarme en pleno operativo cite la Ley 19.349 promulgada bajo la dictadura de Lanusse, que establece funciones de la Gendarmería en tareas de frontera. Con ello da cuenta de toda una orientación política de Macri y los gobernadores. Quieren una militarización para imponer un régimen de confiscación y ajuste sobre los ingresos populares, producto del pacto con el FMI. El argumento del combate a la inseguridad y el narcotráfico como excusa no corresponde. Se multiplica el presupuesto en seguridad más que el de salud y educación. Sin embargo, el delito organizado crece, y tiene en las fuerzas de seguridad del Estado como parte de todo un sistema de mafias y negociados”.

Y la ex legisladora y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Luciana Echevarría, también rechazó el accionar de Gendarmería en la Capital: “Patricia Bulrrich y Alfonso Mosquera aseguran que los 300 gendarmes que enviaron tienen la tarea de enfrentar el narcotráfico y cuidarnos de la inseguridad, pero es mentira. Traen a los gendarmes para amedrentar a la población que está enfrentando en las calles las consecuencias del ajuste. Así lo demuestra el accionar de esta fuerza en el paro de UTA del año pasado, en las represiones en la Panamericana y sobre todo en el asesinato de Santiago Maldonado”.

Y coincidió con Carrió: “Las fuerzas de seguridad, el poder político y judicial son socios del narcotráfico y el delito organizado. Por eso mientras más policías mandan a patrullar más aumentan estos flagelos. Si quisieran avanzar en serio depurarían las fuerzas de seguridad y democratizarían las fuerzas para que los oficiales pudieran denunciar a los numerosos altos mandos, verdaderos gerentes del delito. La sociedad debe controlar también mediante la elección del comisario y los jueces por voto popular, como sucede en muchos países”.

La llegada de los 300 gendarmes pone en una encrucijada a los gobiernos de Juan Schiaretti y Mauricio Macri, porque cuando se realice el primer corte del mapa del delito tras los operativos, las estadísticas reales –que sólo publicaremos los medios independientes- demostrarán su efectividad: si bajaron los índices de inseguridad quedará demostrado que la política de seguridad del pejotismo cordobés fracasó.

En cambio si el relevamiento indica que los números de inseguridad siguen constantes pese a la promocionada acción de Gendarmería en las calles de la Capital, quedará a las claras que lo que se buscó no fue combatir al crimen organizado, sino ejercer presión y militarizar la sociedad.
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