Podría ser un antecedente a favor de empleados de Brinkmann
Un fallo judicial ordena a la municipalidad de San Francisco a reincorporar a un trabajador de la planta permanente que había sido dejado cesante. También establece indemnización económica por los años sin poder haber trabajado. Es el primer fallo de 174 personas que habían sido efectivizados por el gobierno de Hugo Madonna y dejado cesantes cuando asumió Martín Llaryora. Según se pudo saber irán resolviendo caso por caso. La causa es similar a la situación planteada en el municipio de Brinkmann por lo que este fallo podría estar adelantado el resultado de los juicios iniciados por los empleados cesanteados en ese municipio.
La Justicia ordenó a la municipalidad de San Francisco a reincorporar a la planta permanente al trabajador municipal Gerardo Aladín, incluido en un decreto de efectivización de 174 trabajadores en diciembre de 2007, que fueran dejados cesantes por la actual administración municipal al inicio de su mandato.
La sentencia judicial ordenó que Gerardo Aladín, que se desempeñaba en Policía Municipal, sea reincorporado a la planta permanente del municipio. También establece indemnización económica por los años sin poder haber trabajado. Fuentes judiciales indicaron al Periódico que los demás fallos irán saliendo de a poco.
Similar situación a la de Brinkmann
El fallo es para este solo caso pero se especula que constituye un fuerte antecedente para el resto de los planteos judiciales, por lo que la situación planteada con los 33 empleados que fueron efectivizados por el entonces intendente Jorge Racca y que la actual administración encabezada por Gustavo Tévez a través de un decreto dejó sin efecto la misma podría tener igual resolución con un alto monto en concepto de indeminización, además de tener que reincorporarlos a la planta permenante.
Historia del caso San Francisco
El entonces intendente Hugo Madonna envió un decreto al Concejo Deliberante donde solicitó el pase de alrededor 170 trabajadores contratados a planta permanente. La oposición (la que hoy es gobierno) no vio con buenos ojos dicha actitud y manifestaron, por ese entonces, que esa decisión debía haberse tomado seis meses antes (a partir de mayo) para que tenga validez. Insinuaron que la conducta del intendente saliente formó parte de una manipulación aprovechando la cercanía de las elecciones municipales aunque viendo los resultados no le salió bien. Su cuerpo legislativo (el de Madonna) defendía la decisión apoyado en que el pase de estos empleados no condicionaba al próximo gobierno. Hasta indicaron que si a la nueva administración no le convencía el decreto tendrían la facultad de revisarlo y actuar sobre él con la contingencia de que la gente le pase factura, recuerda El Periódico
Ya gobierno, Llaryora decidió derogar el decreto y se lo consideró “nulo de nulidad absoluta”. Por su parte, los trabajadores cesanteados opinaban que eran víctimas de una discriminación, que estaban legalmente incluidos en el decreto y que merecían el pase a planta permanente.
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