Un proyecto de declaración presentó el diputado provincial por el Frente Social y Popular Carlos del Frade en rechazo a la detención y acusación de asesinato de la joven Rocío de 27 años que ingreso a un hospital santafesino con una hemorragia posparto, con su beba muerta en busca de ayuda y quedó imputada y criminalizada.
PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su profunda preocupación y rechazo a la decisión tomada por el juez Jorge Patrizzi de los tribunales de la ciudad capital de detener a una joven, llamada Rocío de 27 años, de la localidad de Desvío Arijón que había llegado al Hospital Cullen con una hemorragia posparto, con su beba muerta y, a pesar de semejante cuadro, fue acusada de asesinato por lo cual se le abrió un proceso y se encuentra detenida en prisión preventiva desde hace más de diez días.
Responder a un claro drama personal desde los prejuicios y con una determinación a contramano de las actuales doctrinas de derechos de género, merece la preocupación y el rechazo de este cuerpo.
FUNDAMENTOS
Así como muchas veces la política, en general, es acusada de estar distanciada de la realidad histórica y concreta de ciudadanas y ciudadanos, también algunos integrantes del servicio público del poder judicial santafesino merecen una observación crítica y enfática.
El llamado caso de Rocío, según lo nombraron los medios de comunicación de la provincia, es una muestra de esta necesidad política de cuestionar algunas resoluciones de ciertos jueces y fiscales.
"R.S.V. tiene 27 años y está presa ... llegó a la guardia del hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, acompañada por la mamá y el papá. Tenía una hemorragia posparto y una beba muerta en una caja. Había parido en una casaquinta en Desvío Arijón, a 30 kilómetros de la capital provincial, y pedía ayuda para ambas. Los médicos revisaron el cuerpo de la recién nacida y decidieron hacer la denuncia en el destacamento policial del hospital. .. le dieron el alta y los fiscales Marcelo Nessier y Rosana Marcolín ordenaron detenerla. En una audiencia en los tribunales provinciales santafesinos presentaron pruebas preliminares y la imputaron por homicidio agravado por el vínculo, un delito con la pena más alta de Código Penal de prisión perpetua. La acusaron de asesina a pesar de que ella no quiso ocultar en ningún momento el cuerpo y que llegó al hospital a pedir ayuda. La defensa de R.S.V consideró que hay un prejuzgamiento y este viernes pedirá la prisión domiciliaria", sostienen las crónicas periodísticas.
Desde la mesa Ni Una Menos Santa Fe y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que los médicos violaron el secreto profesional y que se trata de un caso de persecución y criminalización. Lo compararon con el de Belén, la joven tucumana que tuvo un aborto espontáneo y pasó dos años y cuatro meses presa hasta que la Corte Suprema la absolvió por falta de pruebas. "Los fiscales dicen en los medios una cosa y en la audiencia otra.
Está presa cuando aún no hay pruebas", dijo la abogada Lucila Puyol, integrante de los dos colectivos.
En la imputación no revelaron cómo fue la secuencia en la que murió la beba ni si se trató de un accidente o si fue intencional. Aun así, pidieron al juez Jorge Patrizi la imputación por homicidio agravado por el vínculo. El magistrado aceptó la imputación y ordenó que quede detenida en la Estación de Tránsito de Mujeres, en el barrio Candioti de Santa Fe.
Para el defensor público Sebastián Moleon, "las normas penales habilitan que pueda transitar el proceso en su casa y no hay ningún antecedente para que no pueda hacerlo. Hay un prejuzgamiento y un prejuicio porque todavía las pruebas son preliminares y son pocos días de investigación".
"Ella fue a buscar asistencia con una hemorragia por un parto. Cuando empecé a defenderla, pidió ayuda psicológica y está siendo asistida por una profesional del Instituto de la Mujer. Está recibiendo contención, no le están sacando información.
Una mujer que tiene un parto en su casa, va a un hospital y termina detenida genera una situación que debe ser atendida psicológicamente", agregó.
Según la abogada Lucila Puyol dijo que en el caso de R.S.V. los médicos del hospital Cullen violaron el secreto profesional y llamaron a la Policía en un acto de persecución y criminalización. "Los antiderechos que trabajan en los hospitales no sólo se niegan a hacer abortos legales. Ante cualquier complicación obstétrica consideran que hubo manipulación y persiguen a las mujeres. No permiten educación sexual integral, no quieren abortos legales ni anticoncepción y no quieren atender a las mujeres cuando tienen una complicación obstétrica", opinó.
"Le imputó el delito más grave, dijo a la sociedad, en los medios y en la audiencia que es una asesina que mató a su hijo. Ha estado prejuzgando cuando ella aún no fue escuchada. Es una mujer que llegó con su mamá y su papá, ella misma llevó el feto, no lo quiso ocultar y fue a buscar ayuda. No la detuvo la policía cometiendo un crimen. Ninguna persona tuvo un poco de humanidad de creer en ella. Al contrario, la Fiscalía está haciendo un linchamiento público con este caso", agregó.
Para la abogada en el caso falta una investigación seria, objetiva y con perspectiva de género que no juzgue a la mujer por ser mujer.
De acuerdo al punto de vista de la abogada Carolina Walkers: "Consideramos que debe estar en libertad y ser sobreseída, pero eso será más adelante. Hoy nos preocupa demostrar que las cosas no fueron como se imputaron. Ella parió sola y su beba se murió en brazo", sostuvo en una entrevista publicada en el diario "Rosario/12", del domingo 24 de febrero de 2019.
"El tratamiento que ella está recibiendo en este momento es injusto e inhumano. Ella tiene que recibir asistencia médica y psicológica adecuadadamente", agregó Walkers.
Esta crónica fundamenta la necesidad de expresar la preocupación y el rechazo de esta cámara, concluye el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade
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