Entrará en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial y será para los contratos que se celebren en adelante. Los contratos que se encuentran en vigencia, no aplicará la nueva ley, dado que no es retroactiva. Sigue vigente la suspensión de desalojos, la posibilidad de prorrogar un contrato finalizado con el mismo precio y congelar el alquiler, pese a las actualizaciones, y luego devolver la deuda en cuotas sin interés a partir de octubre, establecido en el DNU 320. Deberán exigir a quienes intermedien sus inscripciones en los registros de corredores inmbobiliarios, además de Afip, rentas y municipal.
El Senado sancionó la nueva ley de alquileres, que prevé beneficios para nueve millones de inquilinos de todo el país, en una nueva sesión virtual que la oposición abandonó. Se extiende la vigencia de los contratos de dos a tres años y se podrá aumentar una vez por año.
El oficialismo advirtió que, en medio de la emergencia sanitaria, "todos los temas son atravesados por la pandemia" y votó en soledad la nueva normativa para los contratos de locación, que contempla extender de dos a tres años el tiempo de alquiler y una flexibilización para la presentación de garantías.
La nueva ley de alquileres, había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y prevé flexibilizar las exigencias para inquilinos de todo el país al permitirles presentar dos opciones de garantía y extender los plazos del contrato de dos a tres años.
Los puntos principales
-Los aumentos dejarán de ser semestrales y pasarán a ser anuales.
-La actualización del precio de los alquileres se guiará por un indicador que publicará el Banco Central. Estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses.
-El mínimo de los contratos pasa de dos a tres años.
-Para las garantías se contemplarán nuevas opciones. El locatario deberá proponer al menos dos alternativas, que pueden ser un título de propiedad, aval bancario o seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos) y el propietario elegirá una.
-El locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.
-La renovación de los contratos también tendrá cambios. La nueva ley introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de renovación con tres meses de anticipación, para que el inquilino tenga tiempo para buscar otra vivienda.
-Cambian los plazos para rescindir el contrato. En cualquier momento del primer año se podrá rescindir el contrato y como multa pagar un mes y medio de alquiler. En el segundo y tercer año se podrá rescindir con un mes de multa. Actualmente, no se podía rescindir dentro del primer semestre.
-Los contratos deberán ser inscriptos en la Afip de manera obligatoria
-Las expensas quedan a cargo del locatario aquellas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.
La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.
Se dispone de medios alternativos de resolución de conflictos con mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
Programa Nacional de Alquiler Social
Se establece su creación para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal, con especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.
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