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Memoria, Verdad y Justicia: Un genocida golpe de Estado cívico - eclesiástico - militar al servicio del poder económico

«La Perla», conocido también como «la Universidad» fue el principal centro clandestino de detención de Córdoba empleado por las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas, durante el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El tercer gobierno de facto, constituido como Junta Militar, estaba formado por los comandantes de las tres armas: el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). 

La Junta Militar se impuso como la máxima autoridad del Estado, atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas del gobierno, designar y reemplazar a la Presidenta y a todos los otros funcionarios. 

La madrugada del 24, la Junta Militar difundió un comunicado en todo el país en el que afirmaba que asumía la conducción del Estado como parte de «una decisión por la Patria», «en cumplimiento de una obligación irrenunciable», buscando la «recuperación del ser nacional» y convocando al conjunto de la ciudadanía a ser parte de esta nueva etapa en la que había «un puesto de lucha para cada ciudadano».

Las tres armas se repartieron para cada una el 33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales (gobernaciones de provincias, intendencias municipales, ministerios, canales de TV y radios). El país fue dividido en Zonas, Subzonas y Áreas que coincidían con los comandos del Cuerpo del Ejército. De esta forma se organizó la tarea represiva sobre lo que la dictadura llamó el «accionar subversivo».

Gran parte de la sociedad recibió el golpe de Estado en forma pasiva, otros lo apoyaron decididamente y algunos sectores lo resistieron. 

La dictadura buscó implementar una feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su propio nombre lo indica, el Proceso de Reorganización Nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, transformarla en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. 

Bajo el término “subversivo” se englobaba a todos aquellos que se organizaban, participaban en un sindicato, militaban en política, decían lo que pensaban, cultivaban el arte. La dictadura utilizaba esta palabra para denominar a todas aquellas personas que se oponían al terrorismo de Estado

¿Que se propuso destruir la dictadura? 

Tanto los jefes militares, como los grupos económicos y otros civiles que apoyaron la dictadura de 1976, relacionaban el origen de los conflictos sociales y la inestabilidad política en Argentina con el desarrollo de la industrialización. Afirmaban que ese modelo estaba sostenido artificialmente por la intervención del Estado, lo que motivaba un exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero capaz de defender sus derechos. 

En la Conferencia Monetaria Internacional de México, realizada en mayo de 1977, el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, dijo que el cambio de gobierno constituía «la transformación de la estructura política y económica-social que el país tuvo durante casi 30 años». Es decir, la transformación del modelo industrial, que desde la década del cuarenta generó empleo, desarrollo del mercado interno y dio un nuevo protagonismo al movimiento obrero organizado.

Desde esa perspectiva, para sentar las bases del nuevo modelo «era necesario modificar las estructuras de la economía argentina». El cambio propuesto era muy profundo. No bastaba con el proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales; políticas, métodos, hábitos y «hasta la misma mentalidad», según escribió Martínez de Hoz en las «Bases para una Argentina moderna: 1976-80». 

Medidas adoptadas 

El mismo día del golpe, el miércoles 24 de marzo, la Junta tomó las siguientes medidas: 
- Instaló el Estado de sitio; 
- Consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; 
- Removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales; 
- Cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; 
- Declaró en comisión a todos los jueces; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; 
- Prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; 
- Instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa. 

Los grupos económicos, como la Sociedad Rural Argentina o las empresas financieras, brindaban su apoyo a la dictadura de forma explícita. Los medios masivos de comunicación formaron parte de la trama del terrorismo de Estado.

Violencia de mercado

El diagnóstico realizado por las FF.AA. y por los sectores económicos que apoyaron el golpe de Estado consideraba que la inestabilidad política y el origen de los conflictos sociales obedecían al intervencionismo estatal producido por el proceso de sustitución de importaciones, realizado desde la década del treinta en adelante, y al consiguiente protago- nismo y fortalecimiento de un movimiento obrero organizado.
Desde esa perspectiva, lo que se requería era una transformación profun- da de la estructura política y económica-social que el país tuvo durante casi 40 años. La intervención del Estado en la economía –que era descalificada como «paternalista», «populista», «proteccionista»– la fuerte sindicaliza- ción y una política de equidad distributiva (experiencia histórica encarnada por el peronismo) debían ser reemplazados por el «mercado». Este, a partir de la libre competencia y de acuerdo con la eficiencia de cada uno en el «li- bre juego de la oferta y la demanda», era considerado el instrumento más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. 
Es decir, en consonancia con la política impulsada para los países del Tercer Mundo por los Estado Unidos, se promovía menos Estado y más mer- cado. Esa resocialización, ese «cambio de mentalidad» al que aludía el Mi- nistro de Economía Martínez de Hoz apuntó a sustituir el sistema de valores, normas  y orientaciones internalizadas durante la vigencia del Estado inter- vencionista; obtener conformidad por parte de la población en relación a la nueva estructura normativa; y conformar un sujeto a la medida del orden socioeconómico que se deseaba instaurar, poniendo el acento en el indivi- duo como responsable final y único de su destino: el «hombre del mercado».
El objetivo de las FF.AA. de disciplinar social y políticamente a la sociedad en general, y a la clase trabajadora en particular, se concretó, por un lado, suprimiendo las condiciones económicas que convertían a ésta en un actor social clave. Y, por el otro, volcando sobre la clase obrera todo el peso de la represión política, apuntando a sus integrantes más activos y a las organizaciones sindicales, sobre todo las más contestatarias.
La profunda transformación de la estructura económica implicó la desarticulación y liquidación de la pequeña y mediana industria en favor de los sectores exportadores agropecuarios e industriales nucleados en torno a los grandes grupos económicos y, especialmente, a los sectores financiero-especulativos.
El país pasó de un esquema centrado en la industrialización destinada, principalmente, al mercado interno hacia otro que, en un contexto de creciente endeudamiento, privilegió la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior. 
Entre 1975 y 1983, la deuda externa -pública y privada- pasó de 8 mil millones de dó- lares a poco más de 45 mil millones de dólares.
Muchos medios de comunicación y grandes grupos empresarios apoyaron explícitamente el accionar de la última dictadura, razón por la cual se habla de una dictadura cívico-militar

Principales caracteristicas del terrorismo de Estado

Las características del terrorismo de Estado pueden sintetizarse en seis puntos centrales:
1. La violencia  y el terror se utilizaron para la eliminación de los adversarios políticos y para causar miedo en la población. Miles de personas fueron encarceladas y otras tantas fueron perseguidas, censuradas, vigiladas, exiliadas, prohibidas. 
2. El terror se utilizó de forma regular y sistemática. 
3. El terror se ejerció de manera clandestina. 
4. El terrorismo de Estado deshumanizó al «enemigo político», le sustrajo su dignidad personal y lo identificó con alguna forma del mal. Una característica distintiva del Estado terrorista fue la desaparición sistemática de personas. No se limitó a eliminar físicamente a su enemigo político sino que, a la vez, pretendió sustraerle todo rasgo de humanidad, adueñándose de la vida de las víctimas y borrando todos los signos que dieran cuenta de su paso por el mundo: su nombre, su historia y hasta su propia muerte. 
5. La última dictadura dispuso de los complejos mecanismos del Estado moderno para ocasionar asesinatos masivos, por eso esto fueron de mayor alcance que los cometidos por los Estados durante el siglo XIX.   
6. El Estado terrorista resquebrajó los vínculos sociales y fomentó el individualismo. Ser joven, obrero, estudiante o estar agremiado o pertenecer a un grupo eran actividades «sospechosas» .
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