Lo que estallo en el conurbano bonaerense con muertes porque cortaron mal la cocaína se plantea como una guerra entre narcos o bandas. Los enfrentamientos entre ellos son normales por competencias territoriales, deudas, mexicaneadas, pero es la primera vez que matan a clientes.
Los hechos similares que se comenzaron a conocer el fin de semana en la ciudad de Rosario, hacen que no se descarte que las muertes tengan que ver con una operación política en respuesta las declaraciones en su reciente viaje de la vice presidenta Cristina Fernández a Honduras al decir: «Cuando el neoliberalismo suprime el Estado aparecen los narcos». Cualquiera sea el origen, es un horror que se paga con vidas que buscan en el consumo lo que no encuentran en la vida.
La declaración del secretario de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, refleja la posición fachistoide, con olor a represión, donde no es problema vender cocaína, sino vender cocaína adulterada. Ni Berni ni nadie salió a hablar del problema de fondo.
El problema de fondo es que no hay políticas públicas para garantizar uno de los derechos humanos fundamentales como es la prevención de la salud para en este caso evitar el consumo o cuando este existe para tratar la adicción. Un consumo que lo genera la misma sociedad y luego a las víctimas se las deja tiradas, algo que ocurre en el Estado nacional, provinciales y municipales sin distinción de partido o alianza al que pertenezca el gobernante. Para encontrar un centro de recuperación de adicciones hay que ser mago. O tener mucha plata.
En nuestras pequeñas comunidades, no es difícil prevenir eliminando el mercado desde las políticas públicas sustentadas en un proyecto comunitario con acciones participativas de los centros culturales, clubes, centros vecinales poniendo a disposición de las pibas y pibes talleres artísticos, murgas, murales, gimnasios en las plazas, facilitar instrumentos musicales, desarrollo de disciplinas deportivas no competitivas entre otras tantas actividades que son herramientas válidas para dar combate a la falopa, el desgano, la ociosidad.
Al eliminar el mercado desde la prevención resolverán en gran medida los hechos contra la propiedad y las balas que desde hace un tiempo circulan en poblaciones de la región, en mayor medida en la ciudad de Morteros para la ocupación territorial y generación de deudas. La inseguridad no se resuelve con más patrulleros, con más efectivos policiales, con cámaras que no ven a los verdaderos mercaderes de la muerte, con grupos de seguridad ciudadana.
Es hora que se deje de tapar y se empiece a hablar del origen del problema y de cómo solucionarlo con decidida intervención en nuestras comunidades de los municipios para que la muerte no sea moneda corriente. Como sociedad debemos exigir, comprometernos, luchar, para no perder.
Hay que concebirlo por los pibes y pibas que están en las puertas del inicio del consumo con proyectos colectivos. Hay que hacerlo porque es necesario, para no lamentar lo ocurrido en Buenos Aires y Rosario
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