Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación el temario para las Sesiones Extraordinarias que se desarrollarán durante febrero. Entre los tópicos dados a conocer, brilla por su ausencia el tratamiento del proyecto de la Ley de Humedales, que pierden estado parlamentario el 1° de marzo -es decir, ya no podrá ser tratados hasta una nueva presentación. Otros envíos parlamentarios sí fueron incluidos en la agenda propuesta por el gobierno nacional entre ellos la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce en la Laguna Mar Chiquita.
Horas después de hacerse público el listado de temas priorizados por el gobierno nacional para su avance en el Congreso, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié literalmente celebró la decisión política del Ejecutivo Nacional, que omite reclamos históricos de organizaciones socioambientales.
«Celebramos que en las Sesiones Extraordinarias del Congreso esté incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas. Esto es muy importante para el país», valoró el ministro a través de Twitter.
Un ministro es un ministro y un movimiento social es un movimiento social. No era de esperar que Cabandié salga a repudiar a su propio frente de gobierno por desoír el reclamo popular que viene reclamando la sanción de la Ley de Humedales, pero el uso del verbo celebrar en el contexto de tamaña omisión es, como mínimo, poco feliz. Entre los «proyectos ambientales» que constituyen un hecho «muy importante para el país» no figuran aquellos que eventualmente puedan frenar la expansión de la frontera agropecuaria a costas de territorios considerados «marginales» para actividades como la ganadería.
En Extraordinarias sí se tratará en el proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial, impulsado por las Bolsas de Cereales, la Mesa de Enlace y compañias granarias que propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030, el que va a contramano de los objetivos que Argentina asumió en el marco del Acuerdo de París para afrontar la crisis climática. En 2020, nuestro país se comprometió a limitar las emisiones de gases invernaderos a un nivel de 25,7%. El último Inventario de Gases de Efecto Invernadero en Argentina (2019) señala que el 37% de las emisiones de GEI en nuestro país corresponden a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra.
«Sin la Ley de Humedales, es casi imposible que se pongan a laburar en serio» manifestó César Massi, integrante de la Red Nacional de Humedales en una entrevista con Pausa, señalando que «esa Ley es importante para que los que hacen actividades productivas allí empiecen a tener conciencia de que tienen que presentar estudios de impacto ambiental y que tienen que adaptarse a los humedales y no los humedales a la actividad productiva», valoró el activista.
En el 2013 el Senado aprobó una Ley, pero no tuvo apoyo en Diputados, en el 2016, el senador Alfredo De Angeli (PRO-Unión por Entre Ríos) -una de las caras visibles del lock out patronal de 2008- fue un importante detractor de la ley. Nada es casualidad.
Sin embargo, a pesar de la oposición del oficialismo, el 30 de noviembre de 2016, se aprobó otro proyecto de Ley de Humedales -impulsado por el fallecido Pino Solanas- por segunda vez en el Senado. También ese proyecto perdió estado parlamentario en Diputados.
En el invierno de 2020, en el medio de fuegos en todo el país presentan un nuevo proyecto diez en Diputados y cinco en el Senado con participación de organizaciones y sectores de la academia que mejoraron la iniciativa, que incluía el inventario nacional de humedales y el ordenamiento ambiental del territorio, pero desde Confederaciones Rurales Argentinas no tardaron en cuestionar. Ese fue el proyecto que cayó por decisión del gobierno nacional.
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