Las corporaciones del agronegocio, las de los recursos forestales, las megamineras, los inmobiliarios, que tienen intereses sobre estos ambientes y que ven en la posibilidad de la sanción de una ley el fin del largo ciclo de negocios que vienen haciendo sobre este tipo de ecosistemas, están claramente interesados en que el proyecto no prospere. Estas corporaciones tienen intereses sobre los humedales de Mar Chiquita y el río Dulce que su modificación tienen una gran incidencia sobre toda el área.
En el arco sur de Mar Chiquita todas las poblaciones corrieron la frontera del Parque Nacional Ansenuza proyectada inicialmente, lo que hizo que terminara iniciando el parque a varios kilómetros adentro de la laguna Mar Chiquita al igual que en la costa este, con el propósito de favorecer los intereses del agronegocio, razón por la que seguirá siendo reserva provincial a los fines de no tener inconvenientes para seguir volcando agro químicos sin limitaciones sobre la zona de la reserva provincial. El único interés son los más de 10 millones de dólares que maneja Aves Argentinas proveniente de donaciones y fundaciones.
Se cumplió un año de que el proyecto de Ley de Humedales durmiera el sueño de los justos en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados presidida por José Arnaldo Ruiz Aragón, también del Frente de Todos, pero desde el área Mar Chiquita, no hubo reclamos en defensa de los humedales a pesar que sufre un alto nivel de contaminación no solo con agroquímicos, sino que recibe metales pesados de la mina «Bajo la lumbrera», residuos industriales de ingenios y del procesamientos de limones tucumanos.
Así, la Ley perderá estado parlamentario por tercera vez desde 2013 y 2016, ocasiones en las que obtuvo la media sanción en el Senado pero no avanzó en la Cámara baja. Esperaban que el Ejecutivo la incluyera entre los proyectos a tratar en el período de sesiones extraordinarias, y se realice un Plenario de Comisiones para que la traten también las Comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda.
«Pero no es una cuestión solamente de los sectores extractivistas sino también de los que tienen responsabilidad de gestión que, aunque por momentos aparezcan en posiciones opuestas, terminan actuando en coalición. Que la ley esté desde noviembre de 2020 en la Comisión de Agricultura es una clara señal de que no hay voluntad política de tratarla», expresa Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata
«Es una ley de presupuestos mínimos para proteger y preservar ecosistemas de humedales tal como queda encuadrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional –detalla Pintos–. Como sociedad perdemos ecosistemas que son valiosos para aportar calidad ambiental, lo que se conoce como los bienes y servicios ecosistémicos: capturan dióxido de carbono de la atmósfera, retienen los excedentes hídricos de las inundaciones, evitan o morigeran el impacto de las sequías por comportarse como esponjas naturales, producen microclimas en áreas muy urbanizadas. Perder superficie de humedales implica una pérdida de todos esos bienes y servicios sistémicos, es un empobrecimiento ambiental».
Una crisis terminal
Las consecuencias de este avance sin control y la falta de una ley que proteja a los humedales se hacen sentir hace tiempo en los pueblos y comunidades rurales, pero de a poco comienzan a impactar también en los grandes conglomerados urbanos.
Los cambios que se experimentan desde el Instituto Nacional del Agua explican que el fenómeno se debe, en gran parte, a que allí donde había humedales, hoy hay plantaciones. Y el agua que antes era absorbida por el humedal en épocas de lluvias y drenada lentamente manteniendo un caudal estable, hoy escurre al río y provoca, alternativamente, inundaciones y sequías.
Estas cosas que aparecen tan lejanas para nuestra zona son muy consistentes en muchos pueblos y ciudades al sufrir las limitaciones de estos ecosistemas como consecuencia de las practicas extractivistas, razón por lo que es importante hacer que el Parque Nacional Ansenuza sea aprobado cubriendo también toda la costa y el área natural del este y sur de Mar Chiquita, pero es más importante aún sumarse a la lucha de las organizaciones por la aprobación de la ley de humedales para no lamentar en el futuro el despojo que afecte las condiciones de vida
Se presentaron quince proyectos de ley, con variaciones sobre las regulaciones necesarias para proteger los humedales argentinos. Finalmente, de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados salió aprobado un dictamen de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría, que debía seguir su curso en las demás comisiones para luego ser tratada en el recinto, pero eso no ocurrió.
Para Pintos, seguir defendiendo en este contexto un modelo extractivo como única manera de sostener la economía y generar divisas es «cortoplacista» y «no se sostiene por ningún lado».
Y sentencia: «Lo que ese argumento no contempla es que estamos en una situación muy grave, de una crisis ambiental y de otra que algunos autores llaman de orden civilizatorio, es decir que compromete la capacidad de reproducción de nuestro pueblo, por tanto es una crisis terminal».
Fuentes propias, Canal Abierto, Instituto Nacional del Agua, Argentina.gob.ar, Natura International
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